Noticias sobre Celsa Atlantic (Grupo Celsa)

arreguiEl comité de Laminaciones dice que los despidos parten de «hechos inventados»

10/01/2014 – 12:33

Noticias EFE

 El comité de empresa de Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui, ha denunciado hoy que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que valida 91 despidos en la empresa, se basa en «hechos inexistentes e inventados».

El pasado mes de septiembre la sala de lo Social del TS corrigió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que había declarado nulos todos los despidos programados y calificó de «represalia empresarial» el ERE presentado por la empresa para todos los empleados de sus dos plantas alavesas de Vitoria y Urbina.

El Supremo, sin embargo, rechazó la anulación de 127 despidos previstos por la empresa después de una huelga que protagonizó la plantilla en 2012, aunque dio por buenos los 91 despidos que había decidido antes de dicha protesta, ya que obedecían a causas económicas.

Un centenar de trabajadores de la empresa alavesa se han concentrado hoy frente a la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco en Vitoria con una pancarta en la que se leía «Laminaciones Arregui a favor del futuro del empleo» y han denunciado la situación que viven sus trabajadores.

Según ha informado el presidente del comité, Nando Anguiano, la empresa mandó el pasado mes de diciembre burofaxes a los 91 trabajadores afectados para informarles de que son ellos los que forman parte de un ERE de extinción, como recoge el Tribunal Supremo en su sentencia, cuando a juicio de los trabajadores «los jueces se han inventado» dicho ERE inexistente.

Anguiano ha acusado a la dirección de Celsa Atlantic de «hacer suyas las invenciones del Supremo» para así facilitar los despidos que había programado y evitar el camino de la negociación.

El presidente ha anunciado que los trabajadores intentarán «desmontar esta mentira» a través de la vía judicial y que se movilizarán cuantas «veces sean necesarias».

Empleados de Celsa Atlantic con despido sin notificar, exigen reincorporarse

16/01/2014 – 18:23

 Los trabajadores de Celsa Atlantic, antigua Laminaciones Arregui, que aun no han recibido notificación de su despido por parte de la empresa han entregado un documento a la dirección reclamando reincorporarse a su puesto.

El pasado diciembre el Tribunal Supremo validó 91 despidos en Celsa Atlantic en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo, pero según ha informado hoy el comité de empresa hasta ahora la dirección sólo ha notificado alrededor de 75 de estos despidos.

El comité de empresa ha considerado que la actitud de la dirección hacia los trabajadores que piden su readmisión «corrobora la dejadez y el abandono que sufre esta empresa», así como «la desatención que sufren las plantas de Vitoria y Urbina (Álava)».

El órgano de representación de los trabajadores ha señalado que mientras el grupo Celsa «deja morir» las plantas alavesas, ellos sí creen en su viabilidad, por lo que seguirán reclamando sus puestos por todas las vías posibles.

El comité ha informado además de que solicitado una reunión con la consejería de Desarrollo Industrial y Competitividad del Gobierno Vasco para tratar sobre el futuro de la empresa, pero aun no ha recibido ninguna respuesta.

El Supremo respalda la reforma laboral frente al criterio de los jueces

09.01.2014 Madrid – Mercedes Serraller

El Tribunal Supremo (TS) da un espaldarazo a la reforma laboral del Gobierno y reclama a los jueces que no entren a valorar e interpretar las causas que alegan las empresas para realizar un ERE, ya que la norma sólo les habilita a verificar que estas causas existen. Se trata del primer pronunciamiento del Alto Tribunal en esta línea, cuando el Gobierno tuvo que cambiar el pasado verano y en diciembre aspectos de la norma porque los tribunales han tumbado la mayoría de los ERE de la reforma laboral, y cuando no se descartan ahora nuevos cambios. Este aviso implica que si los jueces tumban ERE de empresas con pérdidas económicas, el Supremo probablemente revocará su decisión y los avalará. Así, el Supremo da la voz de alarma y advierte de que «el legislador de 2012 ha querido, y así lo ha hecho constar en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente». En definitiva, subraya el Alto Tribunal, «no corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acordados». Tanto es así, que en esta sentencia el Supremo ha avalado parte de un ERE en el que Celsa Atlantic incurrió en prácticas poco respetuosas con la legalidad pero en el que concurrían grandes pérdidas económicas acreditadas. El ERE había sido anulado en su totalidad por el TSJ del País Vasco porque la empresa amplió el número de despidos como venganza a una huelga, lo que vulneró el derecho constitucional a esta protesta. Celsa inició en abril de 2012 un ERE extintivo para 91 trabajadores. El comité declaró una huelga indefinida a partir del 8 de mayo. Al día siguiente de iniciarse, la compañía comunicó la apertura de un período de consultas para el despido de todos los trabajadores de los centros afectados, 358. Al concluir sin acuerdo, la empresa informó del cierre definitivo de ambos centros. Los sindicatos impugnaron el ERE ante el TSJ por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical. El TSJPV falló en contra de la empresa y declaró nulo el despido entero. El TS juzga nulos los últimos despidos al entender que la decisión de elevarlos está relacionada directamente con la huelga pero declara la legalidad de los 91 despidos iniciales. Deja claro que los anunciados previamente se ajustan a las causas económicas alegadas por la empresa. «A la vista de lo consignado, pérdidas multimillonarias en 2009-2011, es claro que concurría la causa económica contemplada y definida en la Ley», concluye. Y ello a pesar de que «no todos los datos de la situación empresarial son desfavorables, y que, aunque el volumen de la deuda haya crecido, las ventas han experimentado mejoría. Tal como está redactado, los supuestos típicos de situación económica negativa se enuncian en la ley separados por la disyuntiva o, sin que se exija por tanto para apreciar las causas económicas la concurrencia de pérdidas y de disminución persistente de ingresos o ventas». Entre las sentencias de jueces en rebeldía contra la norma, una reciente ha declarado improcedente el despido de un trabajador al considerar que el artículo de la reforma laboral sobre el periodo de prueba del contrato de apoyo a emprendedores «vulnera» la Carta Social Europea.

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